Con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal de Familia, se marcará un hito en el sistema judicial costarricense. Esta reforma, de gran envergadura, no solo moderniza los procedimientos legales en materia de familia, sino que también introduce una serie de innovaciones que tienen profundas implicaciones para el acceso a la justicia, la protección de derechos y la eficiencia del sistema judicial. Una de las implicaciones más directas del nuevo código es la modernización del sistema judicial costarricense. La digitalización de procesos, como la presentación electrónica de documentos y la realización de audiencias virtuales, representa un avance significativo hacia un sistema más eficiente y accesible. Esta transformación tecnológica no solo agiliza los procedimientos, reduciendo los tiempos y costos asociados, sino que también democratiza el acceso a la justicia, permitiendo que personas de diferentes regiones del país, especialmente en áreas rurales, puedan participar en los procesos sin necesidad de desplazarse. En el caso de Panamá, el indice de inclusión financiera es de 52%, es decir, tenemos un 48% de panameños huérfanos de herramientas financieras.

Con el reconocimiento de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes como seres humanos con dignidad propia, y la posibilidad de asumir la defensa de sus derechos en los asuntos que les conciernen cuando así lo deseen, da la posibilidad de su participación efectiva en los procesos judiciales conforme a su capacidad progresiva. Con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal de Familia de Costa Rica, se introducen diversas medidas y enfoques que buscan asegurar la protección y el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes en los procesos judiciales.

De conformidad con el IX Informe de Inclusión Financiera del 2023 preparado por la Federación Latinoamericana de Bancos 1, la profundización financiera de América Latina del 2017-2022 es de 52.3% para productos de depósito y 47.45% para préstamos interbancarios. En el caso de Panamá, el indice de inclusión financiera es de 52%, es decir, tenemos un 48% de panameños huérfanos de herramientas financieras.

El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 2022, hace un llamado urgente a la región centroamericana al señalar que la misma está altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático, una situación amplificada por la desigualdad, la pobreza, el crecimiento demográfico y la alta densidad de población, cambio de uso de la tierra, particularmente deforestación con la consiguiente pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y altos niveles de dependencia de las economías nacionales y locales de los recursos naturales para la producción de materias primas.

El proyecto de blockchain para el registro de propiedades en Suecia, liderado por Lantmäteriet, la Autoridad Nacional de Catastro, marca un paso innovador hacia la mejora de la eficiencia, transparencia y seguridad en el manejo de registros de tierras y propiedades. Este proyecto se destaca por su colaboración con empresas clave como Kairos Future, Telia, ChromaWay, SBAB Bank y Landshypotek, que han aportado su expertise en diferentes ámbitos, desde el desarrollo de procesos de registro hasta la provisión de la tecnología blockchain y servicios financieros relacionados.

El sistema de formación académica de los abogados panameños se basa en herramientas clásicas del derecho, lo que se refleja en un enfoque extremadamente formalista arraigado al papel. Sin embargo, el sector fintech y cripto presenta dinámicas y productos completamente diferentes que requieren un conocimiento especializado y una adaptación a un sistema legal público que puede ser rígido y formalista.

La llamada “Garantía Mobiliaria Prioritaria para la adquisición de bienes” ha sido un concepto que, por falta de entendimiento, se aplica constantemente en forma incorrecta, a pesar que el principio 8 expuesto dentro de la exposición de motivos de la LGM ha sido claro en desarrollar las bases, razón y fundamento de su existencia.

Mediante la publicación de los Acuerdos No. 451, 452 y 453 por parte del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en el año 2019, entró en vigencia el marco legal normativo para los abogados y notarios públicos nicaragüenses en su función como sujetos obligados de conformidad con la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 165 del 29 de agosto de 2019.

Recientemente La Unidad de Investigación Financiera de El Salvador ha publicado una reforma a su instructivo que   ha entrado en vigencia el 5 de octubre de 2023, la cual contiene importantes reglas para los sujetos obligados en adelante “SO” en la prevención de lavado de dinero y activos y al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en adelante referido como “PLDA/FT/FPADM”